Las leyes de inmigración permiten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denegar visados y tarjetas de residencia a las personas que, a juicio de los funcionarios, puedan convertirse en una "carga pública" y una supuesta sangría para los recursos del gobierno. La ley no define específicamente quién se considera una carga pública, pero en general se trata de alguien que tendrá que depender de prestaciones públicas y programas gubernamentales para satisfacer sus necesidades básicas. Los funcionarios han utilizado durante mucho tiempo orientaciones relativas a la determinación de la carga pública que incluyen factores como el uso de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o las prestaciones para cuidados a largo plazo.
En octubre, la administración Trump propuso una nueva norma que ampliaría significativamente la definición y los factores de carga pública. En concreto, el DHS podría utilizar la edad de una persona, sus bajos ingresos o su nivel educativo y otros factores socioeconómicos para afirmar que una persona puede convertirse en una carga pública. También podrían basar su determinación en el uso de Medicaid, los subsidios para personas con bajos ingresos de la Parte D de Medicare, el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) y, posiblemente, el Programa de Seguro Médico Infantil.
Los líderes sanitarios han criticado la norma propuesta, alegando que ampliar la definición y hacer que el uso de las prestaciones sanitarias públicas sea un factor perjudicial para la salud pública. Temen que muchos inmigrantes teman que sus familias se vean separadas si buscan la asistencia sanitaria que ellos o sus hijos necesitan. Las familias no deberían tener que elegir entre los documentos de inmigración y la asistencia sanitaria necesaria, pero muchos inmigrantes pueden pensar que este es el caso si la norma se convierte en definitiva.
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